La agricultura depende de la biodiversidad. Es hora de que ese valor sea reconocido también por el mercado, las políticas públicas y el conjunto de la sociedad.
La Declaración de Jaén nace del diálogo entre agricultores, científicos, cooperativas, empresas, administraciones y organizaciones sociales que participaron en el International Congress on Biodiversity and Agriculture, celebrado en Jaén (España). Parte de una idea sencilla: producir alimentos y conservar biodiversidad no son objetivos enfrentados.
Hoy contamos con conocimiento, experiencias y modelos capaces de integrar la biodiversidad en explotaciones productivas. El reto es conseguir que estas soluciones puedan aplicarse a una escala mucho mayor y que el esfuerzo de quienes las llevan al campo sea reconocido por las políticas públicas, el mercado y el conjunto de la sociedad.
La biodiversidad sostiene funciones esenciales para producir alimentos, como la fertilidad del suelo, la polinización, el control natural de plagas o la retención de agua. Cuando estas funciones se degradan, aumentan los costes, la dependencia de insumos y la vulnerabilidad de la agricultura.
La biodiversidad debe integrarse en el manejo cotidiano de la explotación, con planificación, medición y evaluación. No hay recetas universales: las medidas deben adaptarse a cada sistema productivo y a su contexto ecológico, paisajístico y territorial.
Recuperar biodiversidad exige reconocer el papel central de los agricultores y acompañarlos con apoyo técnico, formación, financiación, incentivos y marcos estables.
Modernizar la agricultura también significa integrar soluciones basadas en la naturaleza para recuperar el funcionamiento ecológico, reducir la dependencia de insumos, diversificar los sistemas productivos y conservar el capital natural. La tecnología y la innovación deben responder a la diversidad de explotaciones y territorios.
La rentabilidad agraria no puede evaluarse solo por la producción a corto plazo. También debe considerar la reducción de costes y riesgos, la salud del suelo, la estabilidad a medio y largo plazo, la diferenciación comercial y la capacidad de mantener explotaciones viables.
El valor de la biodiversidad generado en el campo debe preservarse y distribuirse a lo largo de toda la cadena alimentaria. Para ello son necesarios modelos colectivos, trazabilidad, certificación rigurosa y alianzas que aseguren que ese valor llega a quienes lo generan.
La transición hacia una agricultura que cuente con la naturaleza se impulsa desde la mesa. Las decisiones de compra pueden favorecer a quienes producen conservando la biodiversidad. Para ello, los consumidores necesitan información clara, veraz y contrastada en los puntos de venta.
La ciencia debe identificar qué medidas funcionan en cada contexto y evaluar sus efectos con indicadores adecuados. Ese conocimiento debe convertirse en herramientas útiles, asesoramiento técnico, soluciones adaptadas e intercambio de experiencias entre agricultores.
Los modelos agrarios que conservan y recuperan biodiversidad generan beneficios para toda la sociedad y necesitan financiación pública suficiente y estable. Las políticas deben adaptarse a cada territorio, vincular las ayudas a resultados verificables y simplificar sin rebajar la ambición ambiental y social.
La transición hacia una agricultura no será posible sin personas que quieran y puedan trabajar en el campo y vivir de él. Afrontar la falta de relevo generacional y de mano de obra exige mejorar condiciones, incorporar nuevos profesionales y reforzar la formación y el asesoramiento.
Una llamada conjunta para avanzar hacia un sistema agroalimentario capaz de producir alimentos, conservar biodiversidad y generar oportunidades en nuestros territorios.
Jaén, territorio agrario y símbolo de uno de los paisajes agrícolas más representativos del Mediterráneo, acogió, en el marco del proyecto LIFE Olivares Vivos+, el I Congreso Internacional sobre Biodiversidad y Agricultura, un punto de encuentro entre ciencia, campo, empresas, cooperativas, administraciones, organizaciones sociales y ciudadanía.
De este encuentro surge una convicción compartida: la biodiversidad no es ajena a la agricultura ni una exigencia añadida para quienes producen alimentos. Es una condición esencial para el futuro del campo, la estabilidad de los sistemas productivos, la rentabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria.
Durante demasiado tiempo, la naturaleza se ha considerado en muchos modelos agrarios un límite, un coste o un condicionante. Sin embargo, la evidencia científica, la experiencia en explotaciones reales, el compromiso de cada vez más agricultores y agricultoras y la creciente sensibilidad social apuntan en la misma dirección: la biodiversidad puede y debe reconocerse como aliada agronómica, económica y estratégica de la agricultura.
No se trata de enfrentar producción y conservación, idealizar el pasado ni rechazar la innovación, sino de avanzar hacia una modernización agraria que integre conocimiento científico, experiencia agrícola, innovación técnica, soluciones basadas en la naturaleza, rentabilidad y valor social.
Esta Declaración nace para impulsar un cambio de mirada y de acción: situar la biodiversidad en el centro del modelo agrario, la gestión de las explotaciones, las políticas públicas, los mercados y las decisiones de consumo.
Declaramos
La biodiversidad sostiene funciones esenciales para la producción agraria: fertilidad del suelo, regulación natural de plagas, polinización, control de la erosión, retención de agua, estabilidad ecológica y resiliencia frente al cambio climático.
La degradación de estas funciones aumenta la dependencia de insumos externos, reduce la capacidad de adaptación, eleva los costes y hace a la agricultura más vulnerable ante crisis ambientales, económicas y geopolíticas.
Por ello, conservar y recuperar la biodiversidad en los sistemas agrarios no es solo una obligación ambiental, sino una necesidad productiva y estratégica.
Integrar la biodiversidad en la agricultura no puede reducirse a prácticas aisladas: debe formar parte del manejo y de la toma cotidiana de decisiones en la finca.
Esto exige diagnosticar, planificar, actuar, medir y evaluar. Supone decidir sobre cubiertas vegetales, rotaciones y diversificación de cultivos, tratamientos fitosanitarios, infraestructuras ecológicas, manejo del suelo, gestión del agua, calendario de labores, maquinaria y organización de la explotación, atendiendo a sus efectos sobre la biodiversidad y el funcionamiento ecológico del sistema.
No existen recetas universales: las medidas deben adaptarse al sistema productivo y al contexto ecológico, paisajístico y territorial. Con planificación, medición y evaluación, la biodiversidad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una variable agronómica, económica y territorial que puede y debe gestionarse en favor de la agricultura.
Quienes trabajan y viven de la tierra son imprescindibles para recuperar la biodiversidad en los paisajes agrarios. Su labor no puede reducirse al cumplimiento de requisitos: debe reconocerse como una contribución esencial al bienestar común.
Integrar la biodiversidad exige adaptar el manejo, dedicar recursos y asumir riesgos. Por ello, la transición no puede recaer solo en los agricultores: requiere asesoramiento técnico, formación, financiación, maquinaria adaptada, incentivos adecuados y marcos normativos estables, además de la corresponsabilidad de las administraciones, la cadena alimentaria y los consumidores.
Exigir más biodiversidad al campo sin prestar el apoyo necesario a quienes deben protagonizar la transición sería injusto e ineficaz.
Modernizar la agricultura no puede limitarse a intensificar, tecnificar, mecanizar o aumentar la escala. También exige recuperar el funcionamiento ecológico, reducir la dependencia de insumos, diversificar los sistemas productivos, mejorar la eficiencia biológica y conservar el capital natural.
La tecnología, la digitalización y la mecanización son necesarias, pero deben responder a la diversidad de explotaciones y territorios y respetar sus límites ecológicos y sociales. Las soluciones basadas en la naturaleza deben reconocerse como parte de esta modernización y ocupar un lugar central en las políticas de innovación y apoyo al sector.
La rentabilidad agraria no puede evaluarse solo por la producción a corto plazo. También deben considerarse la reducción de riesgos y costes, la estabilidad a medio y largo plazo, la salud del suelo, la capacidad de adaptación, la diferenciación comercial, el acceso a nuevos mercados y la viabilidad de las explotaciones en territorios rurales con vitalidad ambiental y social.
Una agricultura que preserva la fertilidad del suelo, mejora la gestión del agua y refuerza los procesos ecológicos fundamentales fortalece la base productiva de la explotación. Muchos de estos beneficios se acumulan y consolidan con el tiempo: aportan estabilidad, sostienen los servicios de la naturaleza, reducen la dependencia de insumos y ahorran costes.
Mejorar la biodiversidad es invertir en el futuro de la agricultura.
El valor de la biodiversidad generada en el campo debe preservarse y distribuirse a lo largo de toda la cadena alimentaria. No puede diluirse entre intermediarios, mensajes confusos o sistemas comerciales que no distinguen los modelos productivos que generan beneficios ambientales y sociales.
Cooperativas, organizaciones de productores, almazaras, bodegas, industrias, distribución, restauración y empresas alimentarias son clave para agrupar la producción, facilitar la trazabilidad, reducir los costes de certificación, mejorar la posición negociadora de los agricultores y asegurar que ese valor llegue a quienes lo generan.
Los sistemas de medición, trazabilidad y certificación deben ser rigurosos, basarse en la evidencia científica y en resultados verificables, regirse por normas claras y evitar la confusión y el greenwashing. La transición requiere modelos colectivos y alianzas territoriales: las decisiones aisladas no bastan para lograr cambios a escala de paisaje.
La transición hacia una agricultura que cuente con la naturaleza no se hace solo en el campo: también se impulsa desde la mesa. Las decisiones de compra pueden generar demanda, orientar el mercado y favorecer una mejor remuneración de quienes producen alimentos conservando y recuperando biodiversidad.
Para ejercer ese poder de elección, los consumidores necesitan información clara, comprensible, veraz y contrastada en los puntos de venta. Hacer visible el valor generado en las explotaciones es una responsabilidad compartida por la cadena alimentaria y las administraciones; no puede recaer solo en los consumidores.
La biodiversidad debe comunicarse de manera cercana y tangible, vinculándola con suelos fértiles, agua, paisaje, aves, polinizadores, capacidad de adaptación, bienestar y vida rural. Cuando ese valor se identifica y comprende con claridad, las decisiones de compra pueden reconocer el esfuerzo de quienes lo generan y contribuir a conservar y recuperar biodiversidad en el campo.
La ciencia, básica y aplicada, es imprescindible para comprender la relación entre agricultura y biodiversidad y determinar qué medidas funcionan en cada contexto. Su eficacia debe evaluarse con indicadores adecuados y durante periodos suficientes. Solo así pueden evitarse soluciones intuitivas, poco rigurosas o meramente declarativas.
La investigación agraria y ecológica debe responder a las necesidades reales de las explotaciones y los territorios. Su financiación pública no debe centrarse únicamente en aumentar la producción, intensificar los sistemas o ampliar la escala; también debe apoyar el desarrollo de conocimiento, tecnologías, maquinaria y soluciones para modelos basados en la eficiencia, la biodiversidad, la resiliencia, la calidad y el valor añadido.
El conocimiento debe traducirse en herramientas útiles, aplicables y evaluables: métodos de diagnóstico y seguimiento, asesoramiento técnico, proyectos demostrativos, soluciones adaptadas e intercambio de experiencias entre agricultores. Estos modelos no necesitan menos ciencia ni innovación, sino que ambas respondan a sus necesidades.
Los modelos agrarios que conservan y recuperan biodiversidad generan bienes esenciales para la sociedad: suelos fértiles, paisaje, mitigación y adaptación al cambio climático, seguridad alimentaria, empleo, cohesión territorial, prevención del abandono y vitalidad rural. Mantener estos bienes exige financiación pública suficiente y estable para acompañar la transición y remunerar la contribución de la agricultura al bienestar común.
La Política Agraria Común y los demás instrumentos públicos deben reflejar este valor en el diseño y reparto de las ayudas, vincularlas a beneficios ambientales y sociales verificables y atender a la diversidad ecológica, social y productiva de cada territorio. También deben prestar especial atención a los sistemas agrarios de alto valor natural y evitar respuestas uniformes ajenas a la realidad del campo.
Reducir la carga burocrática es necesario. Para ello, la política agraria debe establecer procedimientos claros, proporcionados, coherentes y estables, fáciles de aplicar y verificar. Pero simplificar no puede significar desregular ni rebajar la ambición ambiental y social.
Sin personas que quieran y puedan trabajar en el campo y vivir de él, la transición no será posible. La falta de relevo generacional y la escasez de mano de obra son problemas estructurales que amenazan la continuidad de las explotaciones y condicionan el modelo agrario. El reto no es solo quién estará al frente, sino también quién trabajará en ellas.
Afrontar esta situación exige mejorar la rentabilidad y las condiciones laborales, facilitar el acceso a la tierra y la incorporación de nuevos profesionales, y desarrollar soluciones organizativas, técnicas y tecnológicas adaptadas a la diversidad del campo. La innovación debe contribuir a resolver la falta de mano de obra sin convertir la intensificación en la única respuesta.
La formación y el asesoramiento son esenciales. Agricultores, trabajadores y técnicos necesitan capacitación práctica y accesible en gestión de la biodiversidad y del suelo, servicios de la naturaleza, regulación natural de plagas y modelos de valor añadido. Las universidades y los centros de formación agraria deben actualizar sus contenidos para responder a estas necesidades.
El campo debe ser una opción profesional digna, atractiva, innovadora y con futuro. Conseguirlo no es un objetivo más: es una condición para hacer posible todo lo anterior.
Una convicción compartida
Estos diez principios expresan una convicción común: el futuro de la agricultura no se construirá al margen de la naturaleza, sino contando con ella.
Sin biodiversidad no hay agricultura viable.
Sin agricultores y trabajadores del campo no hay biodiversidad agraria posible.
Sin coherencia entre políticas, mercados y sociedad, la transición no alcanzará la escala necesaria.
Las entidades, organizaciones y personas que promueven esta Declaración hacen un llamamiento a:
Las administraciones públicas, para que impulsen políticas estables y coherentes, con financiación suficiente, que reduzcan el riesgo de la transición, simplifiquen los procedimientos y reconozcan el valor público generado por la agricultura.
Las instituciones europeas y los responsables de la Política Agraria Común, para que garanticen una política ambiciosa, estable y adaptada a la diversidad del campo, y orienten sus incentivos hacia quienes conservan biodiversidad y sostienen los territorios rurales.
Los agricultores, agricultoras y trabajadores del campo, para que aporten su experiencia, participen en el diseño de las medidas y lideren su aplicación en las explotaciones, con el apoyo, las herramientas y las garantías necesarias.
Las cooperativas y organizaciones de productores, para que impulsen modelos colectivos, refuercen la trazabilidad, generen valor añadido y mejoren la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.
La comunidad científica, técnica y tecnológica, para que genere conocimiento riguroso, desarrolle maquinaria y soluciones adaptadas y facilite su aplicación mediante herramientas, asesoramiento, proyectos demostrativos e intercambio de experiencias.
Las empresas agroalimentarias, la distribución y la restauración, para que diferencien y promocionen los productos procedentes de modelos agrarios que conservan y recuperan biodiversidad, y remuneren adecuadamente a quienes los producen.
Los consumidores y la ciudadanía, para que, con información clara y opciones accesibles, incorporen este valor a sus decisiones y elijan alimentos que contribuyan a conservar el suelo, el agua, el paisaje, la vida silvestre y las comunidades rurales.
Los centros de formación, las universidades y las entidades de capacitación profesional, para que actualicen sus programas e incorporen la biodiversidad agraria, los servicios de la naturaleza y los modelos de valor añadido como contenidos esenciales para el futuro del sector.
Quienes se adhieren a esta Declaración comparten la necesidad de avanzar hacia una agricultura que integre la biodiversidad como base de su viabilidad ecológica, económica y social.
Con esta adhesión, expresan su voluntad de contribuir, desde su ámbito de responsabilidad, a:
La Declaración de Jaén es un punto de partida para construir una comunidad amplia, plural y activa que sitúe en el centro del futuro agrario la biodiversidad, la viabilidad de las explotaciones y las personas que sostienen el campo.
Tu adhesión contribuye a mostrar el respaldo de agricultores, científicos, organizaciones, empresas y ciudadanía a una agricultura que integra la biodiversidad como parte de su futuro.
Estas son las personas y organizaciones que han autorizado a hacer pública su adhesión a la Declaración de Jaén.
A continuación se muestran únicamente las adhesiones que han autorizado la publicación de sus datos.
Súmate a la Declaración de Jaén y ayúdanos a trasladar este compromiso a las políticas públicas, al mercado y al conjunto de la sociedad.
